7 de Marzo de 2010 – Número 327Establecer que el “impuesto al cheque” sea coparticipado no genera riesgos de desfinanciamiento del Estado nacional. Alcanzaría para compensar la pérdida de recursos una modesta reducción en la regresiva política de distribución discrecional y poco transparente de subsidios a favor de empresas públicas y privadas. Por el contrario, el mayor riesgo es que las provincias asuman como permanente los recursos generados a través de un tributo que debería ser subsumido como pago a cuenta de IVA y ganancias. Por eso, es fundamental que en la misma ley que fije la plena coparticipación del impuesto se establezcan reglas claras y estrictas que induzcan a las provincias a modernizar su propia gestión.
En el marco de un nuevo equilibrio político aumentó la viabilidad de las iniciativas legislativas tendientes a atenuar la fuerte concentración de recursos fiscales a favor de la Nación que se ha venido imponiendo en los últimos años. Una de las iniciativas más avanzadas y que gozaría de mayor consenso es la que plantea establecer la plena coparticipación del impuesto que grava las transacciones bancarias.
El denominado “impuesto al cheque” es un tributo de emergencia creado en el año 2001 para responder a la crisis fiscal de aquella época. En función de esa emergencia, el Congreso dispuso que el 70% sea destinado directamente a la Nación y el 30% restante se incorpore a la masa coparticipable, lo que lleva a que la Nación se apropie de otro 17% adicional. De esta forma, sólo el 13% del “impuesto al cheque” se distribuye entre las provincias. En este marco, el gobierno nacional advirtió que vetará cualquier intento de coparticipar este impuesto bajo el argumento de que, si lo permitiese, se generaría un serio riego de desfinanciamiento del Estado nacional.
El interrogante es si efectivamente el financiamiento del Estado nacional está en peligro con esta iniciativa. Con datos del Ministerio de Economía y de ASAP se puede observar que:
• En el 2010 la recaudación del “impuesto al cheque” será de más de $23 mil millones.
• De estos $23 mil millones, con los actuales parámetros de distribución la Nación se apropiaría de unos $20 mil millones; pero si se coparticipa plenamente se reduciría a $12 mil millones, es decir, una pérdida de aproximadamente $8 mil millones.
• El monto que el gobierno nacional actualmente asigna en subsidios a favor de empresas públicas y privadas asciende a $33 mil millones.
Los datos demuestran que lo que perdería la Nación por la coparticipación del “impuesto al cheque” representa apenas un cuarto de lo que actualmente está destinando a subsidios para compensar a empresas privadas por las manipulaciones de los precios y tarifas y para cubrir déficits de empresas públicas. Sólo con suspender las transferencias a favor de ENARSA y Aerolíneas Argentina se ahorrarían $5 mil millones, es decir, un monto muy cercano al que la Nación dejaría de recibir si se aprobara el proyecto. En otras palabras, alcanzaría con revisar una parte minoritaria de la regresiva política de subsidios que lleva adelante el gobierno nacional para compensar la plena coparticipación del “impuesto al cheque”.
El principal riesgo de la iniciativa no es el desfinanciamiento del gobierno nacional si no la posibilidad de que, una vez coparticipado, se genere en las provincias una dependencia tan fuerte que haga muy difícil en el futuro eliminarlo. Hay que tener en cuenta que el “impuesto al cheque” grava los pagos instrumentados por medio de transferencias bancarias, mientras que es eludido por quienes operan con dinero en efectivo. Mientras más transacciones se realicen en efectivo, menos “impuesto al cheque” se paga y mayores son las puertas que se abren para la elusión y la evasión de los otros impuestos, fundamentalmente IVA, ingresos brutos y ganancias. Este y otros motivos no menos importantes llevan a recomendar enfáticamente que en la misma ley que se establezca la coparticipación del impuesto se fije un cronograma para que rápidamente se permita considerarlo como pago a cuenta del IVA y ganancias.
Por eso, el capítulo más importante y complejo que debería contemplar la ley es el que desarrolle reglas precisas y de fácil control para inducir a una mejor gestión del gasto público provincial. La idea subyacente es que, dado que el impuesto pasará gradualmente a constituir un pago a cuenta de IVA y ganancias, mientras el impuesto genere ingresos adicionales los fondos deberían ser destinados a sanear las finanzas públicas provinciales. En la mayoría de las provincias la prioridad debería ser bajar el muy elevado endeudamiento, mientras que en los pocos casos de bajo nivel de deuda los recursos podrían ser destinados a inversiones (por ejemplo, alguna obra de infraestructura importante que se esté postergando). Bajo esta lógica, la clave es que las provincias accedan a esta nueva fuente de financiamiento, no para financiar gasto corriente, sino para modernizar su gestión y garantizar el equilibrio fiscal sostenido.
