Daniel Alonso

dalonso@lavozdelinterior.com.ar

A contramano de la voluntad opositora que avanza en el Congreso Nacional para coparticipar la totalidad del denominado Impuesto al Cheque, han comenzado a surgir voces de alerta sobre las consecuencias de esa medida que, tras su brillo federalista, esconde la profundización de la inequidad en el reparto de la coparticipación.

Es lo que advierte, por ejemplo, Luciana Díaz Frers, la directora del programa de Política Fiscal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para el Equidad y el Crecimiento (Cippec).

En un documento de trabajo, la especialista acuerda que “deben destinarse más recursos a las provincias para promover un desarrollo más equitativo”, algo que suena más que lógico en medio de las crecientes dificultades de los distritos para sanear sus cuentas, corregir el déficit y obtener más recursos.

Pero advierte que repartir “con los coeficientes vigentes de la distribución secundaria, sólo aumentaría la desigualdad en el país”. Hoy por hoy, la Nación ni siquiera transfiere el piso de 34 por ciento de los recursos de la administración central, tal como establece la ley 23.548.

“Si se hubiera coparticipado la totalidad de lo recaudado en 2009 por el Impuesto al Cheque, “las provincias más pobladas, incluidas Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, habrían percibido menos de 300 pesos per cápita adicionales a lo que recibieron. En cambio, Tierra del Fuego, Catamarca, Santa Cruz y Formosa habrían recibido más de 600 pesos por habitante. Es decir, más del doble”, indicó Díaz Frers.

Distorsivo. El otro pecado es abrir la puerta para perpetuar un impuesto distorsivo nacido en la emergencia de 2001 y cuya vigencia se ha prorrogado hasta nuestros días. Al respecto, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) cree que el principal riesgo es “la posibilidad de que, una vez coparticipado, se genere en las provincias una dependencia tan fuerte que haga muy difícil en el futuro eliminarlo”.

Y opina que debería fijarse un cronograma para que el tributo sea considerado como pago a cuenta de IVA o Ganancias. La especialista del Cippec coincide con esa postura y va más allá, ya que alienta su eliminación gradual.

“El Impuesto al Cheque no es el mejor impuesto para mejorar la coparticipación ‘en el margen’. Es un impuesto que estimula la informalidad y la verticalización en la producción, lo cual genera tanto ineficiencia como inequidad en el sistema tributario”, opinó.

En cambio, propuso la “creación de un fondo con una mejor distribución”, que incluso podría ser “anticíclico”, que se alimente del Impuesto a las Ganancias e incluya la devolución a las provincias del 15 por ciento de masa coparticipable que se captó en 1992 para cubrir al entonces deficitario sistema de Seguridad Social.

Para mejorar la coparticipación “al margen”, Díaz Frers considera que deberían tomarse como criterios de reparto la población (a secas), las necesidades básicas insatisfechas, pobreza, desempleo, deserción escolar secundaria, mortalidad materno-infantil o recursos fiscales provinciales.

La constitución de un fondo con fines específicos se puede lograr con mayoría simple en el Congreso. Pero obliga a las provincias a gastar con un objetivo específico, no necesariamente el más urgente en la jurisdicción, lo que se disminuye la autonomía de los distritos para establecer prioridades.

Por eso se proponen fondos con asignaciones específicas, aunque para evitar fórmulas rígidas, el Ejecutivo debería arbitrar ciertos criterios, un espacio que también corre el riesgo de caer bajo la tensión política.

712 millones de pesos Esa sería la cifra extra que recibiría Córdoba este año si el Impuesto al Cheque se coparticipara en su totalidad. De lo contrario, le tocarán 305 millones.

300 pesos per cápita habría obtenido la Provincia el año pasado como ingreso adicional si el Impuesto al Cheque se hubiera coparticipado totalmente.

8.232 millones de pesos dejaría de percibir el Estado nacional. IDESA opina que esos recursos se podrían cubrir con un manejo racional de los subsidios a empresas públicas y privadas.

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