Trabajo

La Argentina disfruta de un contexto internacional inéditamente favorable, creando condiciones propicias para un fuerte crecimiento en la producción. En este sentido, la generación de empleos fue potenciada por la licuación de costos laborales asociada a la mega-devaluación; además de los niveles record en materia de presión impositiva y gasto público. No obstante, la calidad del empleo tuvo una mejora modesta, lo cual, se traduce en profundas consecuencias sociales.

Las demandas paritarias de aumentos salariales del orden del 30% son coherentes con el objetivo de proteger las remuneraciones del intenso proceso inflacionario, pero inconsistentes con el equilibrio macroeconómico. La etapa del “crecimiento fácil” luego de la gran licuación de costos que produjo la devaluación del año 2002 ha concluido. Con costos laborales que tiende a superar los niveles de la convertibilidad se hacen explícitas las consecuencias de no haber aprovechado este período de bonanza para tomar medidas que generen mejoras genuinas en la productividad de las empresas y la competitividad de la economía.   

El empleo no registrado es una preocupación social compartida. Por eso, resulta muy revelador que la bonanza económica y los mayores controles laborales indujeron a una mayor propensión al cumplimiento de las normas, pero entre las empresas más grandes. Entre las empresas más pequeñas estas acciones no han tenido impactos importantes. Esto señala la importancia de integrar, como un componente clave y prioritario dentro de las políticas públicas, la revisión de la legislación laboral y de la seguridad social con sentido simplificador a fin de adaptar las normas a las limitadas posibilidades de los pequeños emprendimientos.

El Día de la Mujer motivó alegorías, palabras emotivas y reivindicaciones. La realidad es que aunque las mujeres acumulan más capital humano que los varones, siguen estando en desventaja laboral. La principal causa es el atávico concepto de asociar la virilidad al sustento económico y la feminidad al cuidado del hogar y los hijos. Erradicando esta equivocada idea se lograría un trato laboral más igualitario de género. Para ello hay que mejorar la educación, modernizar la legislación laboral y promover un profundo cambio cultural, incluyendo las prácticas empresarias. 

Aún con los importantes logros en materia de crecimiento del empleo, el sector privado sigue teniendo una muy limitada capacidad para brindar puestos de trabajo de calidad. Por eso, la mayoría de los hogares vive directamente del Estado o de los ingresos generados en la informalidad que frecuentemente se complementan con programas asistenciales. Esta situación no se revierte con “sintonía fina” sino con una profunda modernización de las instituciones económicas y laborales, y una audaz reforma para profesionalizar al sector público.

Los servicios que ofrece el Estado a la población dependen decisivamente de la calidad de la gestión de los recursos humanos. Comparado con el sector privado, el Estado argentino se caracteriza por salarios y demás condiciones laborales mucho más atractivas junto con criterios de selección y promoción mucho más discrecionales. Esto promueve la mediocridad y genera condiciones propicias para que los funcionarios usen el empleo público para distribuir favores electorales y personales. Para que el Estado sea un factor de desarrollo social es crucial cambiar esta realidad profesionalizando la gestión del empleo público.

Uno de los principales motores de la actividad económica es la fuerte demanda de Brasil. Coadyuvan a este proceso la integración económica y, fundamentalmente, la apreciación de la moneda brasileña. Sin embargo, por el vertiginoso ritmo al que suben los precios internos en Argentina, especialmente los costos laborales, esta ventaja está desapareciendo. En el año 2012, con pautas salariales del orden del 20%, los costos laborales argentinos medidos en reales brasileños superarán el promedio histórico. Este problema no se resuelve controlando importaciones sino sumando esfuerzos, públicos y privados, para elevar la productividad.

Santa Cruz, además de sus potencialidades y riquezas, es la provincia más beneficiada por las ayudas que discrecionalmente distribuye el gobierno nacional. Aún así, no pudo eludir la crisis fiscal. La cuestión básica no es de naturaleza ideológica, como parecen sugerir las pujas entre distintas facciones del oficialismo, sino reconocer que al estatismo exacerbado le sigue fatalmente el ajuste. En este sentido, Santa Cruz advierte sobre las consecuencias previsibles de las políticas que se vienen aplicando a nivel nacional desde hace una década.

La generación de empleos formales opera como un poderoso factor de movilidad social. La evolución de los últimos años muestra una fuerte creación de empleos “en blanco” gracias a que las empresas compensaban los costos espurios que provocan muchas regulaciones laborales pagando salarios reales “licuados” por la devaluación del año 2002. Pero apenas el salario real recuperó su nivel anterior a la crisis, la compensación dejó de ser posible y se aletargó la reducción de la informalidad. Por eso, y ante la posible reversión del “viento de cola” internacional, aumenta la urgencia y la prioridad de revisar las regulaciones laborales.  

El hambre es un problema real que afecta a millones de habitantes de nuestro país y tiene graves consecuencias sobre los niños y adolescentes. Sin embargo, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU, Argentina produce comida suficiente para alimentar a 442 millones de personas. Es evidente que no se trata de un problema de disponibilidad de alimentos, sino de falta de acceso a éstos por parte de los sectores más pobres de la población. En este número de Empleo y Desarrollo Social examinamos la información disponible sobre esta problemática y las actividades de los Bancos de Alimentos. Estas acciones de la sociedad deben ser reforzadas con un apoyo más decidido del Estado.