Regulación Impositiva

La solvencia fiscal es condición necesaria para sostener un proceso de desarrollo social. Por eso es preocupante la actitud de las autoridades económicas de anunciar un supuesto superávit fiscal cuando la realidad es que se ha llegado a una situación en que, ni con las apropiaciones sobre la ANSES y el Banco Central, alcanza para financiar al sector público. Más allá de que la situación no sea explosiva en el corto plazo, es de alta prioridad mejorar la calidad en la gestión del Estado. Uno de los pasos esenciales e iniciales en este sentido es restablecer la seriedad en la difusión e interpretación de la información sobre las cuentas públicas.

Se pretende justificar la política de multiplicar las restricciones sobre las importaciones con el argumento de que se protege la producción local. Se trata de una visión extremadamente cortoplacista y perniciosa. La experiencia internacional demuestra, con contundencia, que el progreso social está asociado a la generación de condiciones económicas internas que permitan producir en situaciones tan o más ventajosas que en el exterior. Esto no se logra con aislamiento económico sino facilitando la integración comercial con otros países.

Los datos oficiales de diciembre señalan que la recaudación impositiva sigue creciendo a tasas muy altas. Sin embargo, corrigiéndolos por inflación, se observa que el ritmo es inferior al de la expansión económica. Esto evidencia crecientes dificultades para seguir aumentando la presión tributaria y, con ello, la imperiosa necesidad de moderar el crecimiento del gasto público. El gobierno muestra reacciones consistentes con esta realidad, pero la gravedad del problema demanda acciones más intensas y equitativas que las anunciadas hasta ahora.

La metodología utilizada para sancionar el complejo y discutible paquete de leyes elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso puso en evidencia el método de gestión política basado en la imposición. Tanto es así que en la aprobación del Presupuesto 2012 la mayoría de los diputados y senadores terminaron votando en contra de sus propias provincias al dejar en el Gobierno central tres cuartas partes de los recursos tributarios. Esto no sólo sirve para el sometimiento político de gobernadores e intendentes sino que opera como un poderoso factor de despilfarro y atraso social.

El rasgo más destacado del nuevo gabinete es la continuidad. Sin embargo, los desafíos que se avizoran hacia el futuro son significativamente diferentes. Un dato objetivo que sugiere la importancia de los cambios de escenarios que se avecinan para la segunda gestión de gobierno es el profundo deterioro de las cuentas públicas. Salvo que se apele a algún otro tipo de apropiación –como ocurrió con los ahorros previsionales y las reservas del Banco Central– se impone un profundo replanteo en la organización y el funcionamiento del sector público argentino.

En el marco de los embates sobre el dólar, la fuga de capitales y el alto déficit fiscal, el aumento en la recaudación impositiva es presentado como una señal alentadora. Sin embargo, resulta ser más un síntoma de debilidad que de fortaleza, ya que una alta proporción de los ingresos tributarios proviene de impuestos sobre las exportaciones y las importaciones los cuales están disminuyendo en términos relativos. Este es otro punto de vulnerabilidad fiscal que se potencia en el contexto de las inestabilidades de la economía mundial.  

La eliminación de los subsidios a empresas públicas y privadas es tan necesaria como urgente. Desde el año 2009 el sector público nacional está en déficit, aun cuando se apeló a una batería de confiscaciones como la negación de la movilidad previsional, la vuelta al reparto, la estatización de los ahorros previsionales y la elevación de las rentas del Banco Central con alta inflación. En este marco, pedir a la población de mayores ingresos que renuncie voluntariamente a los subsidios desnuda una debilidad extrema en la gestión pública. En los países bien organizados, el Estado estipula tarifas de servicios públicos consistentes con sus costos y los hogares pobres son subsidiados a través de tarifas sociales.

La decisión del Gobierno de desarticular los subsidios de varios servicios públicos junto con el establecimiento de un mecanismo de diferenciación tarifaria según los niveles de ingresos de las familias va en el sentido correcto. Pero para dar equidad y legitimidad al esfuerzo que implica este ajuste, es imprescindible avanzar en la inmediata eliminación de los subsidios a empresas públicas que no cumplen ningún rol estratégico. Por ejemplo, eliminando los subsidios a tres de estas empresas públicas se podría más que duplicar la Asignación Universal por Hijo.

La presión compradora de dólares es un fenómeno previsible dado el crecimiento de precios y salarios muy por encima de los aumentos en el valor de la divisa norteamericana. Esta dinámica lleva a que mucha gente comience a tener la premonición de que futuras devaluaciones son inminentes, sembrando incertidumbre sobre el futuro económico. Imponer barreras administrativas y legales sobre la compra de dólares desnaturaliza el objetivo declarado de combatir la economía informal y, lo peor, es una estrategia condenada al fracaso.

Las sociedades avanzadas tienden a concentrar la recaudación impositiva en el impuesto a las ganancias y a administrar los fondos públicos con austeridad y sentido estratégico. En la Argentina, por el contrario, la atención está centrada en evitar que se extienda la aplicación del impuesto a las ganancias mientras otros impuestos muy perjudiciales y la baja calidad en la administración del gasto público reciben escaso cuestionamiento. Para inducir el progreso y la equidad, es imprescindible aumentar la incidencia del impuesto a las ganancias, eliminar los impuestos distorsivos y regresivos, y mejorar la asignación del gasto público.