Uno de los componentes más importantes del Presupuesto Nacional para el año 2013 es el referido a las empresas públicas. Un rasgo significativo es que se mantiene un muy bajo nivel de transparencia en la gestión de esta parte del Estado y enormes desequilibrios que son cubiertos con fondos del Tesoro. La principal novedad es que se incluyen exenciones impositivas a Aerolíneas Argentinas. Sorprende la manera en que se reproducen los mismos errores que llevaron a la crisis terminal de las empresas públicas en la década de los ‘80.
Informes Nacionales
El conflicto en torno a Gendarmería y Prefectura delata impericia en la gestión y el agotamiento de un modelo de organización basado en la superposición de acciones entre la Nación y las provincias. Esto induce una masiva dilapidación de recursos que necesariamente terminan en ajustes. Prueba de ello es que en el proyecto de Presupuesto 2013 elevado al Congreso Nacional, las partidas para estas dos fuerzas de seguridad crecen apenas 2,3%, cuando la estimación de inflación oficial es del 11,2%. Esta crisis es otro testimonio de la urgente necesidad de replantear la organización del sector público bajo el modelo federal que impone la Constitución.
El proyecto de Presupuesto 2013 es cuestionado por basarse en las estadísticas oficiales manipuladas. Dejando de lado este tipo de controversia, el proyecto delata que la inflación ha pasado a ser un problema central para el fisco. Aunque el aumento de precios siga generando crecimiento nominal de la recaudación, no llega a compensar el impacto que la inflación tiene como factor de expansión del gasto público a través de la indexación de jubilaciones y salarios de los empleados públicos. La inflación se ha convertido en un factor de expansión autónoma del gasto público y, con ello, de insolvencia fiscal.
Luego de 16 años de vigencia, la Ley sobre Riesgos del Trabajo muestra resultados positivos. Sin embargo, el resurgimiento de altos niveles de litigiosidad ponen en riesgo estos logros. En este marco, el proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso denota la intención de aportar instrumentos para proteger el sistema. Sin perjuicio de la revisión de algunos temas puntuales del articulado, resulta de fundamental importancia desplegar una actitud activa para cuidar y perfeccionar un sistema que demuestra generar altos dividendos sociales.
Las manifestaciones de disconformidad de la población –más allá de que se canalicen contra el oficialismo o la inacción de la oposición–, en el fondo delatan la incapacidad para generar instituciones racionales y equitativas. Un ejemplo concreto es la degradación de la relación entre la Nación y las provincias. Según la Constitución Nacional de 1994, antes del año 1996 debía sancionarse una nueva ley de coparticipación federal. Pero la desidia y el oportunismo generaron las condiciones para una centralización extrema que es la fuente de las arbitrariedades.


