Informes Nacionales

06/11/2016 -
Número 677

La litigiosidad espuria en el sistema de riesgos del trabajo es uno de los principales factores que conspiran contra la generación de empleo productivo. El gobierno reaccionó enviando un proyecto de ley al Congreso. Más allá de la norma, el éxito de la iniciativa depende crucialmente de la disposición y la capacidad para profesionalizar la justicia laboral, las comisiones médicas y el accionar de las ART.

30/10/2016 -
Número 676

El sinceramiento de los datos del INDEC confirma que la desigualdad en la distribución personal de los ingresos es persistente. Las políticas tradicionales –como la reapertura de paritarias, el bono de fin de año o exenciones en el impuesto a las ganancias– no aportan solución ya que la mitad de los ocupados cobran menos del salario mínimo legal y se desempeñan en la informalidad. La prioridad es crear un estatuto tributario y laboral especial para pequeños emprendimientos.     

23/10/2016 -
Número 675

La aplicación de pruebas educativas motorizó polémicas a pesar de que se trata de una herramienta de uso habitual en otros países al permitir una mejor definición de las políticas. Entre las evidencias que explicitan estas mediciones aparece que mientras la inversión en educación aumentó, el aprendizaje de los alumnos decreció. Esto demuestra que, más prioritario que seguir aumentando el presupuesto educativo, es cambiar los estilos de gestión de las escuelas.     

16/10/2016 -
Número 674

La administración centralizada de la política laboral toma como referencia a las grandes empresas y es poco sensible con las limitaciones de las empresas más pequeñas y menos productivas. La respuesta a esta discriminación es la alta informalidad, que llega a ser masiva en las regiones más postergadas. Se deben repensar las instituciones laborales incorporando criterios más descentralizados que incluyan la necesidad de la mayoría y no sólo la de la elite más productiva. 

09/10/2016 -
Número 673

Los sindicatos presionan para lograr incrementos en las remuneraciones de los asalariados registrados. Aunque se argumente un interés social, estas políticas profundizan la pobreza. La razón es que los beneficios aumentan los costos laborales impactando sobre los precios de los bienes y servicios de la canasta básica, mientras que la mayoría de las familias pobres no reciben los beneficios porque sus ingresos se generan en el trabajo informal.

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